La Industria Discográfica de Kenia (RIKE) ha pedido a la Junta de Derechos de Autor de Kenia (KECOBO) que observe el debido proceso en su supervisión de las organizaciones de gestión colectiva (CMO), tras la decisión del regulador de suspender la licencia de funcionamiento de la Asociación de Productores Musicales de Kenia (KAMP).
La suspensión, anunciada en un aviso público el 1 de julio de 2026, detiene las operaciones de KAMP por 90 días. RIKE, que representa a productores discográficos, compañías discográficas y artistas autogestionados, advirtió que la medida podría perturbar la administración de los derechos de grabación sonora de titulares locales e internacionales cuyas obras son gestionadas por KAMP.
Cuestionamiento de la facultad de transferir la licencia
RIKE también cuestionó la directiva de KECOBO de transferir las funciones de concesión de licencias de KAMP a otra CMO. La asociación argumentó que ni la Ley de Derechos de Autor ni el Reglamento de Derechos de Autor de 2020 facultan al regulador para reasignar mandatos que los titulares de derechos han otorgado voluntariamente a las organizaciones que eligen. Dichos mandatos, señaló RIKE, surgen de relaciones contractuales y son fundamentales para la gestión de los derechos privados de propiedad intelectual.
Transparencia e intervenciones anteriores
Si bien reconoció la función de supervisión legal de KECOBO, RIKE insistió en que las intervenciones regulatorias deben ajustarse a la ley y seguir el debido proceso, lo que incluye un compromiso justo e imparcial con las CMO afectadas. La asociación criticó a KECOBO por plantear públicamente acusaciones de mala conducta financiera sin, según afirmó, haberlas presentado primero directamente a KAMP, y pidió mayor transparencia y objetividad.
RIKE también se refirió a acciones regulatorias anteriores que involucraron a KAMP, alegando que la licencia de la organización había sido retirada por motivos cuestionables y que la administración de los derechos de grabación sonora se transfirió posteriormente a una CMO que, según la asociación, carecía de representación y mandatos suficientes.
Disminución de ingresos y derechos constitucionales
La asociación afirmó que la prolongada intervención regulatoria había contribuido a la disminución de los ingresos por derechos de ejecución y a la reducción de la distribución de regalías para productores discográficos y artistas, aunque no proporcionó cifras que lo respalden. RIKE también expresó su preocupación por las medidas regulatorias que describió como intentos de imponer un acuerdo de “Consentimiento” mediante la asignación de tarifas, lo que podría perjudicar los intereses de los propietarios de grabaciones sonoras.
RIKE sostuvo que KAMP debería poder administrar los derechos en ámbitos como la radiodifusión, la comunicación al público y la ejecución pública sin ser obligada a acuerdos que puedan comprometer los derechos de grabación sonora. Asimismo, pidió que cualquier acuerdo que involucre la plataforma eCitizen garantice una cooperación justa, transparente y equitativa entre las CMO, con salvaguardas para todos los titulares de derechos musicales.
Reiterando que los derechos de autor son fundamentalmente derechos privados, RIKE argumentó que los titulares de derechos deben conservar la facultad de decidir cómo y quién administra colectivamente sus derechos. La interferencia con esa autonomía, dijo, plantea interrogantes sobre la protección constitucional de la propiedad intelectual en virtud del Artículo 40 de la Constitución de Kenia de 2010 y podría generar incertidumbre para la industria discográfica y la economía creativa en general.
“Los titulares de derechos merecen certeza regulatoria para garantizar que las CMO gestionen sus derechos de manera eficaz y eficiente, y no perturbaciones recurrentes que socaven la recaudación y distribución de regalías, perjudicando en última instancia a las mismas personas que el sistema de derechos de autor existe para proteger”, declaró RIKE.
La asociación instó a KECOBO a reconsiderar la directiva que afecta a KAMP y a asegurar que cualquier acción regulatoria se base en la Ley de Derechos de Autor y el Reglamento de Derechos de Autor de 2020. RIKE afirmó que sigue dispuesta a colaborar con el gobierno, las CMO y otros actores de la industria para apoyar un sistema de gestión colectiva que cumpla con la legislación keniana, refleje las prácticas internacionales y sea transparente y responsable ante los titulares de derechos.
